REDENTOR Más que un mensaje!
Una nueva controversia se abrió sobre la competencia judicial para investigar las causas penales contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Se trata de una denuncia por lavado de dinero que en los últimos días arribó a los tribunales de Comodoro Py.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien procesó a los dirigentes por retención indebida de impuestos, remitió a la justicia federal una denuncia por un presunto esquema de lavado de activos provenientes del exterior y que finalizaban en financieras del microcentro porteño.
El magistrado consideró que el delito de lavado de dinero corresponde a la justicia federal y que, dado que los hechos denunciados ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, deben intervenir los tribunales de esa jurisdicción. Por sorteo, la causa recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini, quien ahora debe decidir si acepta la causa.
El nuevo caso en disputa fue denunciado por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló, en base a publicaciones mediáticas, la existencia en la AFA de un esquema de lavado de dinero con fondos provenientes de Estados Unidos y España. Según la denuncia, esos fondos eran desviados a empresas mediante financieras del microcentro porteño y terminaban en estudios jurídicos y en un domicilio vinculado a Toviggino.
La causa fue iniciada en el juzgado de Amarante, donde se generó el debate sobre la jurisdicción adecuada para investigar el caso. La Fiscalía propuso que el expediente sea remitido al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, donde tramita otra causa por lavado de dinero relacionada con una mansión en Pilar atribuida a Toviggino.
El magistrado rechazó esa solicitud y ordenó a la Fiscalía continuar con la investigación. En junio pasado, el fiscal insistió en acumular ambas causas y propuso que fueran reunidas en otro juzgado Penal Económico en el que había recaído la causa sobre la propiedad de la mansión.
Sin embargo, el tribunal reafirmó que el delito de lavado de dinero es competencia exclusiva de la justicia federal y no del fuero Penal Económico, punto central de la disputa judicial. La decisión será apelada por el fiscal de Casación Mario Villar, quien buscará que la Corte Suprema de Justicia revoque el criterio adoptado.
En sus fundamentos, Amarante sostuvo: «Cabe concluir que la doctrina sentada por la Cámara Federal de Casación Penal importa –de manera inequívoca– que respecto del delito de lavado de activos y en ausencia de un delito adicional sometido a la competencia especial de este fuero Penal Económico, en el ámbito de la Capital Federal resulta incontrovertible la competencia material de la justicia Criminal y Correccional Federal». Así, remarcó que la denuncia no correspondía a su juzgado.
Además, argumentó que dentro de la justicia federal, debía intervenir la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires porque, según la denuncia, los hechos ocurrieron allí. «En efecto, la hipótesis delictiva describe un circuito donde los fondos habrían ingresado a través de financieras situadas en el microcentro porteño», indicó. Añadió que los demás domicilios involucrados están también «en ámbitos geográficos sujetos a la jurisdicción territorial de la Capital Federal».
Actualmente, en Comodoro Py, la causa quedó asignada por sorteo al juzgado de María Servini, quien deberá resolver si acepta la investigación.
