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Andrea Pochak, comisionada argentina y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue denunciada ante el juez federal Julián Ercolini por un presunto conflicto de intereses en un expediente contra el Estado argentino.
La denuncia solicita investigar posibles delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en relación con el llamado caso Catella.
Paralelamente, el kirchnerismo busca que la CIDH admita un recurso presentado por Cristina Kirchner contra su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según la denuncia, Pochak incurrió en conflicto de intereses por haber sido directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que patrocinó ante la CIDH a la exjueza bonaerense Marta Susana Catella, cuyo caso cuestiona la legalidad de su destitución mediante un jury de enjuiciamiento. La presentación sostiene que el CELS no aportó “30 kilos de pruebas” favorables al Estado, lo que comprometería la imparcialidad de la actual comisionada.
El actual representante del gobierno de Javier Milei ante la CIDH afirmó que Catella tuvo pleno derecho a la defensa con patrocinio legal y acceso a recursos judiciales, por lo que no existió violación de la Convención Americana. Además, denunció una “inacción absoluta e inexplicable” del área estatal encargada, que omitió enviar cerca de 30 kilos de expedientes para defender a la Argentina ante el organismo.
La CIDH comunicó que Pochak no participó ni en la audiencia ni en el tratamiento de los asuntos relacionados con Argentina en este caso.
Las críticas también alcanzan al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, actual diputado de Fuerza Patria, y a la exfuncionaria Gabriela Kletzel, quienes, junto con Pochak, tuvieron responsabilidades en la estrategia jurídica argentina ante organismos internacionales de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.
La denuncia menciona la participación de estos funcionarios en al menos tres causas emblemáticas ante organismos internacionales: los casos Maldonado, Milagro Sala y Virgen Abortera, donde intervinieron las mismas ONG que, según la presentación, podrían haber resultado beneficiadas. Asimismo, vincula estos antecedentes con lo que denomina el “negocio de las soluciones amistosas” impulsado contra el Estado argentino durante los gobiernos kirchneristas.
El caso fue divulgado en YouTube durante una entrevista del politólogo libertario Agustín Laje a Neydy Casillas, integrante del Global Center for Human Rights, organización con sede en Washington que promueve el correcto funcionamiento de los organismos internacionales.
Durante la audiencia ante la CIDH, el actual representante argentino señaló que el país permaneció “durante años en una situación de absoluta indefensión” bajo la gestión kirchnerista. También alertó que el área estatal encargada de responder a la CIDH estaba dirigida por una funcionaria que, previamente, había intervenido en ese mismo caso como representante de la parte peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia.
Cabe recordar que el CELS fue presidido durante años por el periodista Horacio Verbitsky, hasta su alejamiento tras el escándalo del llamado «Vacunatorio VIP».
Pochak fue directora adjunta del CELS entre 2002 y 2011, periodo en el cual la organización actuó como parte peticionaria en el caso Catella. Posteriormente, se desempeñó como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos durante el gobierno kirchnerista entre 2019 y 2023, lapso en el que la CIDH admitió el caso. Actualmente, tras ser propuesta por ese gobierno, ocupa la vicepresidencia de la CIDH.
El representante argentino destacó que no existe constancia de que Pochak se haya excusado o apartado de la causa pese al posible conflicto de intereses. Entre los delitos que solicita investigar la denuncia se incluyen el prevaricato, por una eventual intervención indebida de Pochak en asuntos vinculados con organizaciones para las que trabajó, y la administración fraudulenta, debido al presunto perjuicio económico ocasionado al Estado.
El reglamento de la CIDH establece que sus comisionados deben ser “personas de alta autoridad moral”. Como antecedente, se recuerda que en noviembre pasado el comisionado Arif Bulkan renunció por un conflicto de intereses.
