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El abogado y miembro de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, sostuvo que solo los empresarios arrepentidos que colaboran con la Justicia en la Causa de los Cuadernos de las Coimas podrían recibir un tratamiento diferente y ser beneficiados con la «reparación integral», que significa que a cambio de abonar una suma de dinero podrían ser sobreseídos en el ex pediente.
Wortman Jofre consideró que quienes se arrepintieron deberían recibir por colaborar con la Justicia «un tratamiento distinto».
Las definiciones del abogado que es parte de Comité Ejecutivo de Poder Ciudadano se dan cuando la Justicia está a punto de definir, tras una serie de audiencias, si otorgará o no el beneficio a los imputados y procesados en la Causa de los Cuadernos, el expediente de corrupción que reveló una descomunal matriz de pago de sobornos vinculados a contratistas del Estado durante la gestión del kirchnerismo, empresarios y funcionarios.
El juicio por el caso debe arrancar el 6 de noviembre próximo. Por eso, ante la proximidad del inicio, un grupo de imputados pidió acogerse a la figura de la «reparación integral» prevista en el Código Penal, pero que no se uso en muchas oportunidades.
Wortman, para defender su postura, recordó el antecedente del caso IBM-Banco Nación, donde la empresa fue acusada de pagar sobornos para obtener un contrato durante el menemismo: “Fueron 15 años de juicios. IBM pagó una multa y quedó fuera del caso. En 2009 no existía la ley del arrepentido ni normas sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. Ahí entendimos que recuperar dinero sería imposible sin un acuerdo”.
Respecto de la cifra de reparación que se discute actualmente, el abogado indicó que “se dice que es irrisoria, pero lo importante es cómo se aplica la ley del arrepentido. Son 15 millones de dólares de base, más medidas de compliance e inversiones. Esto no debería aplicarse a funcionarios o altos responsables, pero en cuanto a los arrepentidos, si a todos los tratamos igual nunca más vamos a tener arrepentidos en la Argentina. En Vialidad no los hubo; en Cuadernos llegamos hasta acá porque hubo empresarios que hablaron”.
En total hay 48 imputados que pidieron la reparación integral desde funcionarios, financistas y empresarios. Los montos que ofrecieron son diversos. El financista Ernesto Clarens, por ejemplo, ofreció un barco y un departamento en Miami, que, según dijo, están valuados en US$1,5 millones. Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, ofreció pagar US$40.000 actualizado por la tasa activa del Banco Nación.
Rechazos de la fiscal
La fiscal del caso, Fabiana León, rechazó de plano las ofertas de reparación integral de las defensas de los involucrados y sostuvo: «En esta fiscalía no se vende impunidad».
En la audiencia en la que defendió su postura, la fiscal consideró que la única solución posible es la realización del “juicio público, con sus efectos de verdad, sus efectos de sanción y de inhabilitación en caso de que así proceda”. Argumentó que “la confianza en la justicia no se construye con soluciones fáciles, se construye cuando las reglas funcionan, son puestas a prueba en los casos realmente difíciles”. Agregó que “esta causa es el paradigma de la gran corrupción, es precisamente el test donde el sistema debe afirmar legalidad, igualdad y publicidad del juicio”.
«Si aquí se transa o se mercantiliza, el mensaje social es letal», sostuvo y agregó: “Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia al que puede pagar; rompe la simetría con el ciudadano común, con el ciudadano que va a trabajar, con el ciudadano decente, y erosiona la confianza en las instituciones democráticas, destruye el honor de los países. La corrupción no lesiona un patrimonio aislado, lo corroe todo”.
