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Si no surge un contratiempo de último momento, el Gobierno y las universidades nacionales podrían cerrar en los próximos días un acuerdo salarial junto con la transferencia de fondos para becas y hospitales universitarios, dando inicio a una solución al conflicto universitario que se prolonga desde hace más de dos años.
Mientras los gremios universitarios convocaron un nuevo paro nacional para el período del 16 al 20 de junio, las negociaciones discretas entre un grupo de rectores y funcionarios gubernamentales continuaron avanzando. El principal obstáculo estaría superado: las universidades no retirarán la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo expediente, con trámite favorable para las casas de estudio, se encuentra en análisis mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Según fuentes universitarias, este martes podría firmarse el acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Capital Humano y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), liderados por su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Posteriormente, el miércoles se prevé la firma con los gremios representativos del sector.
El acuerdo, presentado como una “solución intermedia” frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento, contempla una recomposición salarial del 24,3% (21,3% a partir de julio y un 3% en octubre), además de fondos destinados a becas estudiantiles y hospitales universitarios.
No obstante, la incertidumbre persiste hasta último momento en una situación que fuentes califican como “delicada y compleja”. En juego están los intereses de rectores, docentes y personal no docente involucrados. Además, la oferta oficial es inferior a lo que establece la normativa vigente, cuya aplicación el Gobierno ha postergado.
La comunidad universitaria, cuya capacidad adquisitiva ha caído hasta un 50%, demanda una mejora urgente. Mientras tanto, sobre el Gobierno pesa la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema, que debe decidir si acepta o no el caso planteado. Al tratarse de una medida cautelar, se supone que no debería intervenir, lo que abriría el camino a la ejecución de la sentencia que obliga a transferir fondos por aproximadamente 2,8 billones de pesos a las universidades.
El acuerdo que se firmaría implicaría la transferencia de cerca de 800 mil millones de pesos y la creación de una “comisión técnica” junto con paritarias trimestrales, otra demanda de universidades y gremios, para avanzar en la resolución de los aspectos pendientes.
La recomposición salarial del 24,3% se distribuiría en un 7% a cuenta de lo perdido en 2024; un 12,6% correspondiente a 2025; y la actualización salarial hasta mayo de 2026, según las fuentes consultadas. Los salarios actuales, en su mayoría, se encuentran muy por debajo del nivel necesario para mantener a una familia en la clase media.
Las negociaciones estuvieron a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano, junto con las máximas autoridades del CIN, su presidente Franco Bartolacci, y Anselmo Torres, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
En medio de este proceso, el rol de la Corte Suprema es crucial pero incierto, ya que aún no se ha pronunciado sobre el recurso extraordinario presentado por el Gobierno tras haber perdido en primera instancia y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. El viernes pasado, la Corte rechazó la recusación planteada por el Ejecutivo contra sus miembros, quienes son docentes universitarios, y que se basaba en un supuesto conflicto de intereses.
Se estima que la Corte mantiene la espera, confiando en que las partes logren una solución negociada. Se prevé un desenlace en las próximas horas. Mientras tanto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) intentará presionar a los supremos con una “clase pública” convocada para este martes a las 11 frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle.
Para los rectores, este acuerdo representaría un alivio imprescindible para la crítica situación presupuestaria, ya que alrededor del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios docentes y no docentes. Sin renunciar al reclamo por el cumplimiento pleno de la ley sancionada por el Congreso y ratificada pese al veto del presidente Javier Milei, las autoridades aseguran que con este acuerdo la normativa comenzaría a aplicarse efectivamente.
